¿HAY “CAPEX OCULTO” EN LAS CONTRATACIONES DE INTERNET DEL ESTADO?
Analizando diversas adjudicaciones de conectividad pública en el SEACE (y a la luz de los debates en mi diplomado de Regulación de los Servicios de Telecomunicaciones), surge una alerta desde la economía regulatoria:
𝗘𝗹 𝗱𝗶𝘀𝗲𝗻̃𝗼 𝗱𝗲 𝘂𝗻 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁𝗼 𝗽ú𝗯𝗹𝗶𝗰𝗼 𝗽𝘂𝗲𝗱𝗲 𝗮𝗹𝘁𝗲𝗿𝗮𝗿, 𝘀𝗶𝗻 𝗾𝘂𝗲𝗿𝗲𝗿, 𝗹𝗮 𝗲𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗲 𝘁𝗼𝗱𝗼 𝘂𝗻 𝗺𝗲𝗿𝗰𝗮𝗱𝗼.
Pensemos en esto: el Estado contrata un “servicio” que exige un despliegue masivo de fibra óptica en cientos de centros poblados. Sin embargo, el dominio y la explotación de esa infraestructura se la queda el operador privado.
Ante este escenario, surgen interrogantes legítimas:
❓ ¿Estamos ante un simple gasto en OPEX, o el Estado está inyectando CAPEX encubierto?
❓ ¿Esa red financiada con fondos públicos le da al operador una ventaja competitiva frente a sus rivales?
❓ ¿Se está garantizando el “acceso abierto” para que terceros puedan replicar económicamente el servicio?
Desde la teoría regulatoria, el éxito de un proyecto no se mide solo por la eficiencia presupuestal al firmar el contrato. Debemos salvaguardar tres pilares:
✔ La neutralidad competitiva: el Estado no debe “inclinar la cancha” entre operadores.
✔ La asignación eficiente de riesgos: quien se queda con el activo, debe asumir su riesgo.
✔ La reducción de barreras de entrada: especialmente en mercados intensivos en capital.
El Estado tiene la obligación de intervenir para cerrar brechas, eso es indiscutible. Pero la pregunta es CÓMO hacerlo sin generar distorsiones a largo plazo.
La regulación moderna ya no solo corrige fallas de mercado. Hoy, debe anticipar fallas de diseño institucional.
